Tras la publicación en el BOE de la disposición que modifica algunos aspectos de la Ley de Acceso a la Abogacía, ya es definitivo que ningún titulado de la Licenciatura en Derecho tendrá que cursar el acceso a la profesión, y podrá colegiarse en el plazo de dos años.

Desde que el pasado 29 de mayo el Partido Popular presentó en el Congreso una enmienda transaccional -apoyada por todos los grupos parlamentarios-, donde eximía a todos los licenciados en Derecho de realizar ningún tipo de acceso a la abogacía según establecía la Ley 34/2006, era casi seguro que los estudiantes de la Licenciatura iban a ganar una batalla por la que habían luchado ferozmente en los últimos seis meses con reuniones y movilizaciones.

Dos días después, la decisión quedaba ratificada cuando la Comisión de Justicia del Congreso aprobaba el Proyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles (procedente del Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo), que incluía la disposición final tercera, con los cambios propuestos en la Ley 34/2006. Sólo quedaba el paso, casi simbólico en esta ocasión, por el Senado y que se aprobara definitivamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El pasado sábado 7 de julio el BOE ratificaba un cambio normativo que no ha estado exento de polémica. Por un lado, los estudiantes y recién titulados de la Licenciatura de Derecho han presionado para modificar lo que creían que era una injusticia: tener que hacer un máster obligatorio con unas prácticas y un examen para poder ser abogados, a pesar de tener un plan de estudios con cinco años de carrera, en lugar de cuatro como los estudiantes del Grado. Se agruparon en una asociación (Analap), se manifestaron por las calles de Madrid y otras ciudades, se reunieron con la mayoría de grupos políticos, enviaron cientos de e-mail a los medios de comunicación, escribieron reiteradamente al Ministerio de Justicia y han incendiado las redes sociales para defender su postura.

Por otra parte las universidades que habían hecho los deberes y tenían adelantado sus másteres de acceso a la Abogacía pusieron en un primer momento el grito en el cielo ante la posibilidad, que ha acabado siendo una realidad, de que muchos de sus potenciales alumnos (la mayoría licenciados en sus propias facultades) no entraran en las aulas este próximo curso, con la consecuente pérdida de negocio. Incluso, la entonces presidenta de la Conferencia de Decanos de Derecho, Mariola Urrea, se puso en contacto por su cuenta con la jefa de Gabinete del Ministro Ruiz-Gallardón para mostrar su rechazo ante la posibilidad de eximir a los licenciados del máster y una vez aprobados los cambios en Consejo de Ministros, la Conferencia envió una dura carta a los ministerios de Justicia y Educación tildando la intervención normativa como “improvisada y con palmarios defectos de técnica legislativa”.

Los ministerios implicados se situaban en una de las puntas de este triángulo. Mientras en un primer momento el ministro Ruiz-Gallardón y su equipo estudiaban de qué forma podían eximir a todos los licenciados del máster, Educación intentaba -a su vez presionado por las universidades- que no se excluyera a todos los titulados de la Licenciatura sino a sólo a un grupo. El texto aprobado por Consejo de Ministros en marzo hacía primar la posición de Educación, a pesar de que días antes el grupo Popular en el Congreso había presentado una proposición no de ley que abogaba por eximir del acceso a todos los licenciados.

En la Cámara Baja
Pero todo cambió en cuanto el texto fue enviado al Congreso. Y dos circunstancias fueron las fundamentales para que al final se haya publicado en el BOE la exclusión total de los que han cursado y cursan la Licenciatura en Derecho. Por un lado, los estudiantes –fundamentalmente a través de Analap- empezaron a mantener discretas reuniones con los grupos políticos de la Cámara Baja para explicarles y razonarles sus argumentos. Era fundamental que varias formaciones –y no sólo la Izquierda Plural- plantearan enmiendas en este sentido. El cambio más significativo se produjo con Convergència i Unió, que en un principio se situaba en una postura en contra de lo que pedían los estudiantes, y acabaron presentando una enmienda pidiendo la exclusión de los licenciados, como también lo hicieron IU y UPyD.

Por otro lado, se hizo evidente que no todos los recién titulados este año tendrían garantizada una plaza en un máster de acceso el próximo curso ya que muchas universidades se habían “dormido en los laureles” a la espera de acontecimientos y no habían preparado sus posgrados. Al final fue el propio Ministerio de Educación el que se dio cuenta de que no se garantizaba el acceso a la profesión de abogacía a todos los alumnos y empezó a ver con buenos ojos que sólo los graduados tuvieran que realizar el máster en 2012/2013.

Al mismo tiempo desde el grupo popular en el Congreso, que ya había presentado la propuesta no de ley y que tenía detrás a Nuevas Generaciones del PP –que siempre ha impulsado que se eximiera a todos los licenciados- empezó a trabajar en una enmienda que pudiera ser refrendada por todos los grupos, con un consenso similar a cuando se aprobó la Ley de Acceso en 2006. La vicepresidenta tercera del Congreso y miembro del grupo Popular, Dolors Montserrat explicaba a EXPANSIÓN que «con la crisis económica, el paro juvenil entre el 45% y el 50% y con las universidades y colegios sin la capacidad suficiente para la realización de los másteres y gestión de las prácticas, pensamos tanto desde el grupo Popular como desde el Ministerio de Justicia, que había que introducir este importante cambio (eximir a los licenciados de hacer el acceso)».

Reacciones
Pero como nunca llueve a gusto de todos, la decisión no gustó a muchos actores de esta película. La Abogacía, por su parte, expresó que el cambio “no era serio sino más bien el resultado de una improvisación», y recomendaba a los titulados en Derecho hacer el máster o formarse por su cuenta aunque no tengan que hacer de forma obligatoria el acceso que marca la Ley 34/2006″. Y algunas universidades, sobre todo privadas, tampoco han digerido bien que muchos de sus alumnos recién licenciados se colegien directamente cuando muchos ya se habían preinscrito en su máster a un coste generalmente bastante elevado.

Por último, los que se han sentido discriminados y probablemente nos les falte razón sean los estudiantes de la Licenciatura de Derecho que en su momento se pasaron al grado porque su facultad, adelantándose con buen criterio a los plazos máximos establecidos, les dio la opción de entrar en el plan de estudios de Bolonia. Este pequeño grupo de estudiantes ha visto como sus antiguos compañeros de la Licenciatura no tendrán que realizar el máster de acceso y ellos sí tendrán que hacerlo.

Los directores de Recursos Humanos ya han afirmado –en un foro en Barcelona organizado por Esade- que valorarán a aquellos titulados en Derecho que aún sin la obligatoriedad de hacer el máster de acceso optaron por completar su formación con este posgrado. Sólo el tiempo dirá si obtener esta formación extra les da a estos estudiantes un plus frente a los que no la tengan en un complicado mercado laboral como el actual.

Fuente: Expansión