La Audiencia Nacional ha admitido hoy la querella presentada por UPyD contra Bankia y ha citado como imputados al expresidente de la entidad, Rodrigo Rato y a más de una treintena de consejeros de las cajas que formaron el grupo.

Entre otros imputados, están José Luis Olivas, expresidente de Bancaja, y el exministro Ángel Acebes, según el auto de la Audiencia Nacional. Entre los imputados también está Francisco Verdú, que sigue como consejero delegado de Bankia tras la intervención del grupo y el nombramiento de José Ignacio Goirigolzarri como presidente.

El juez Fernando Andreu ha decidido admitir la querella después de que la Fiscalía Anticorrupción informara a favor de la denuncia que el partido de Rosa Diez presentó por estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales y administración fraudolenta, entre otroso, contra todos los miembros del consejo de administración de Bankia y su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA).

En la querella, se revisa todo el proceso de constitución de BFA y Bankia, a partir de la constitución del Sistema de Protección Institucional (SIP) que crearon Caja Madrid; Bancaja; Caja Rioja, Caja Insular de Canarias; Caja de Ávila; Caja Segovia y Caixa Laietana hasta la OPV de Bankia, en julio del año pasado.

El documento recuerda que Bankia aprobó los test de estrés que realizó la Autoridad Bancaria Europea (EBA) a las principales entidades financieras europeas. En los cálculos sobre la solvencia del grupo, insiste, se incluyeron los 4.465 millones que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) había inyectado a BFA adquiriendo participaciones preferentes. Sin embargo, se aseguraba que «esta ayuda era sólo preventiva, para el caso de posibles situaciones futuras de máximo estrés».

En el auto se destaca que en la comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) referente a los resultados de 2010, BFA asegura que «el Grupo inicia su andadura con un nivel global de solvencia y provisiones adecuado, al haber realizado un ejercicio de saneamiento responsable y prudente, anticipando las pérdidas futuras de un escenario de estrés».

Según la querella, cuando se analiza el rescate que, finalmente, se tuvo que llevar a cabo de la entidad, se comprende «la falsedad de dicha supuesta solvencia y el hipotético ejercicio realizado en orden a anticipar pérdidas futuras».

En el mismo documento enviado a la CNMV, destaca de nuevo la querella citada pro el auto de la Audiencia, se indica que la situación de liquidez del grupo es cómoda y que el riesgo inmobiliario era poco menos que inexistente.

La salida a Bolsa
UPyD recuerda que la salida a bolsa se planteó como un instrumento para reforzar la situación de solvencia del grupo, sin reconocer en ningún momento que era necesaria para su sobrevivencia. De hecho, según los jueces, para reforzar la confianza de los posibles inversores, se afirmaba que la ratio de capital principal de Bankia antes de la salida a Bolsa era del 7,9%, a apenas una décima del 8% que exigía el Real Decreto sobre el sistema financiero.

Tan sólo unos meses después de todo esto, Bankia se vio obligada a pedir la intervención del Estado. Tras el relevo de toda su cúpula y el nombramiento como nuevo presidente de José Ignacio Goirigolzarri, ha solicitado una ayuda añadida de otros 19.000 millones. Por estas razones, la querella contra el expresidente Rato y los demás consejeros habla de posibles delitos de falsificación de cuentas y estafa.

La Audiencia Nacional se declara competente para investigar los hechos «por la trascendencia de los hechos objetos de la querella, del número de querellados» y el hecho de que el querellante sea un partido político. Establece, además, una fianza de 20.000 euros.

Dinero público
La Audiencia Nacional destaca la ingente cantidad de fondos públicos que hay que inyectar en Bankia para garantizar su estabilización.

En todo caso, afirma que, aunque como afirma el Ministerio Fiscal hay que investigar los hechos, no se puede en la fase actual saber si los querellados tienen relación directa de culpabilidad con los hechos investigados.

Fuente: Expansión