La Justicia ha ordenado al Gobierno de Canarias que «proceda a la ejecución de la sentencia» que en 2007 declaró nulo el contrato de suministro de mobiliario de oficina en las dos provincias. El fallo sólo puede cumplirse mediante indemnización o retirando los muebles contratados de forma ilegal.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en su sede de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado a la administración autonómica que proceda a la ejecución de la sentencia que en 2007 anuló el contrato de suministro de mobiliario para las oficinas de la comunidad autónoma, al entender que se había adjudicado de forma irregular a la empresa Samper Croissier –esta firma estaba ejecutando el contrato antes de haberlo firmado, por lo que se entiende que sabía que se le iba a adjudicar antes de que así fuera– , y ordenó que se declararse adjudicataria con todas su consecuencias a la firma Arturo Martínez Serra S.L., cuya oferta fue rechazada a pesar de cumplir todos los requisitos y ser más barata que la de Samper.

El auto del TSJC que activa la ejecución de la sentencia deriva de la confirmación por parte del Supremo, en octubre del año pasado, del fallo que anuló el contrato. La resolución impone a la administración las costas del incidente de ejecución.

El letrado que ganó el litigio en representación de la firma Arturo Martínez Serra S.L., Alejandro Arencibia Borrego, anunció en conversación con este periódico su intención de llevar el caso a la jurisdicción penal, instando para ello la actuación de la Fiscalía.

Fuente: Canarias7