Alberto Ruiz-Gallardón ha manifestado hoy en las Jornadas La presunción de inocencia y los juicios paralelos, de la UIMP, en Santander, que este plazo «sólo podrá ser prorrogado por motivos excepcionales por autoridades judiciales independientes del juez instructor».
Desde su punto de vista, «es necesario acabar con la ficción de esos sumarios supuestamente secretos que se pueden leer a diario en los periódicos». El titular de Justicia considera que el «reproche penal por la filtración de un sumario no puede ser para los medios de comunicación, sino para quien está obligado al secreto».
Aún así Ruiz-Gallardón recordó la prohibición que existe en otros países europeos a la hora de publicar informaciones cuando están bajo secreto sumarial y explicó que frente a otros países europeos, la legislación española no cuenta con una protección específica contra los «juicios paralelos».
Dentro de los casos mencionados, destacó el de Francia, que castiga la publicación de informaciones sobre juicios si se confirma que su finalidad era ejercer presión sobre el juez o los testigos y el de Italia donde se prohibe las publicaciones salvo que el fiscal levante la medida.
El ministro opinó que el conflicto existente entre el derecho al honor y a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión no debe perturbar, «porque no existen derechos absolutos». Aunque el ministro cree que los jueces están preparados para marcar una distancia, también reconoce que pueden verse condicionados por los juicios paralelos.
Por todos estos motivos, Justicia considera «imprescindible la transformación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vigente actualmente y que data del siglo XIX, del año 1882. «Gracias a Internet, ahora ni siquiera los medios de comunicación son los únicos filtros», dijo Gallardón.
La retirada de escoltas a jueces y fiscales
El ministro de Justicia aseguró ayer que la retirada de escoltas a miembros de la Administración de Justicia responde a «un estudio pormenorizado, concreto e individualizado de las personas que necesitan protección oficial». Y en este sentido, sostuvo que «confía plenamente en los criterios del departamento de Interior».
El Ministerio del Interior retiró este pasado lunes todos los escoltas que tenían jueces y fiscales del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, así como a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En la Audiencia Nacional la medida entró en vigor ayer desde las 15:00 horas, lo que afectó a 250 agentes. Únicamente los cargos más sensibles de la judicatura seguirán manteniendo esta protección, entre ellos el presidente del TS y CGPJ, Carlos Dívar, hasta su sustitución.
Fuente: cinco días