Las cifras están recogidas en la Memoria de la Fiscalia del pasado año, que ha presentado esta mañana en el Congreso el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce manifestando su compromiso contra la corrupción porque «envenena» el funcionamiento de la economía.

A lo largo de su comparecencia, convocada para que diera cuenta de la última Memoria de la Fiscalía, correspondiente a 2011, Torres-Dulce ha manifestado que los delitos contra la Administración Pública han experimentado un ligero descenso en su conjunto, aunque con incrementos en modalidades delictivas de gran trascendencia.

Así, por el número de procedimientos incoados la prevaricación administrativa ha experimentado un aumento cercano al 30% en 2011, mientras que el cohecho se ha visto incrementado en un 45% y el tráfico de influencias en un 44%. Las causas por malversación de caudales públicos durante el pasado año subieron en un 25 por ciento.

Según Torres-Dulce, los citados incrementos se deben «quizá a una mayor eficacia de la persecución de este tipo de delito», si bien reconoce que existe un «deficiente tono ético en el desempeño de determinados cargos» sobre el que «debemos reflexionar».

Tolerancia cero
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha manifestado este martes que existe un amplio consenso social respecto al establecimiento de «un nivel de tolerancia cero» frente a la corrupción, y que esta posición es la que asume el Ministerio Fiscal porque no puede permitir que este fenómeno «siga envenenando el funcionamiento de la economía, su imagen internacional, la integridad de las arcas públicas, la probidad en las relaciones comerciales y el cabal desempeño de las prerrogativas y funciones publicas».

Sobre la Fiscalía Anticorrupción, manifestó que «está asumiendo la investigación de las mas complejas formas de delincuencia económica.»

Para Torres-Dulce, «junto con la furiosa agresión del terrorismo no hay forma mas devastadora de ataque a la democracia y a sus valores que la devaluación de las instituciones por la venalidad de sus responsables».

Por ello, el fiscal general de Estado insistió en su «beligerante compromiso contra esta lacra «con la conciencia clara de que en esta partida nos jugamos mucho mas que un mero interés económico».

En esta lucha, considera que la Fiscalía Anticorrupción constituye una pieza clave que debe ser reforzada en sus medios personales y materiales como unidades adscritas a la misma y la plena colaboración de órganos de la administración que sean requeridos.

Diagnóstico de la institución
Torres-Dulce ha realizado un diagnóstico de la situación de la institución y ha expresado sus quejas por la actual distribución de competencias, que hace que la gestión de los recursos que precisa la Fiscalía para trabajar dependa de hasta 13 proveedores diferentes entre Ministerio y Comunidades Autónoma.

Ello ha provocado, a juicio del fiscal general, que mientras existe un Ministerio Fiscal que ha apostado por la especialización, la oficina fiscal «ha permanecido ajena a esta transformación». Además, ha resaltado el escaso ratio de funcionarios por fiscal (del 0,8 por ciento), lo que obliga a los fiscales a asumir tareas organizativas que le restan tiempo para su labor principal.

Igualmente, ha dicho que actualmente en el mapa tecnológico de la Fiscalía conviven hasta diez aplicaciones diferentes y a advertido de la incompatibilidad de los diferentes sistemas, lo que supone un «serio obstáculo» para la labor del Ministerio Público.

Al igual que hizo con ocasión de su comparecencia antes de ser designado fiscal general, el pasado mes de enero, Torres-Dulce ha manifestado la importancia que para él tiene el principio de independencia fiscal y ha anunciado la presentación del Libro Blanco del Ministerio Fiscal antes de que finalice el propio periodo de sesiones.

Desjudicializar las faltas
Igualmente, ha denunciado el excesivo esfuerzo que requiere la dedicación de los fiscales a las infracciones leves o faltas, que alcanzaron en 2011 los 300.000 juicios «El grado de alarma que generan en la sociedad es tan de escasa entidad que se dispersan y debilitan de manera innecesaria» las energías del Ministerio Público.

De los 4.477.380 procedimientos incoados en el orden penal durante 2011, más del 90 por ciento se archivan. El fiscal viene a formular anualmente 300.000 son acusaciones, que se dividen en 150.000 diligencias urgentes ( 43 por ciento por delitos contra la seguridad vial y 25 por ciento por violencia de género») otras tantas procedimientos abreviados y apenas un uno por ciento procedimientos ordinarios, referidos a los delitos más graves como homicidios, violaciones etc.

La Memoria también recoge que aunque en 2011 no se produjo ningún atentado terrorista –sí hubo cinco acciones de terrorismo callejero–, el número de detenidos por terrorismo etarra ascendió a 82, 61 menos que en 2010.

Fuente: Expansión