El máximo dirigente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha trasladado al ministro, en su primer encuentro, las principales reivindicaciones de los abogados y, tras el encuentro, ha constatado su “impresión positiva” y la actitud “muy receptiva” del Ministerio a buscar soluciones dialogadas a las principales preocupaciones de los abogados.
Carnicer ha defendido la posibilidad de que no sólo notarios y registradores sino «por qué no» también «abogados» contribuyan a resolver «problemas» en este ámbito. Desde la Abogacía, han defendido la mediación que realizan los letrados en los casos de matrimonios y divorcios que llegan a los juzgados.
Las declaraciones se producían después de que en una entrevista previa en la cadena COPE, Ruiz-Gallardón avanzara que una de las primeras medidas que adoptará su Departamento será impulsar un ley de mediación y jurisdicción voluntaria que suponga, por ejemplo, que los notarios puedan resolver matrimonios y divorcios de mutuo acuerdo.
Asimismo, los abogados han pedido ampliar sus competencias en otros ámbitos para agilizar la Justicia, entre las que han citado la posibilidad de que los abogados puedan firmar documentos que tengan validez previa presentación en el registro.
Al primer encuentro mantenido entre el presidente de la Abogacía y el ministro de Justicia también han asistido el subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo Rivera, la secretaria general del CGAE, Victoria Ortega, y el secretario general técnico del CGAE, Antonio Ruiz-Giménez.
Justicia Gratuita
Carnicer ha trasladado a Ruiz-Gallardón las protestas y reivindicaciones de los abogados del Turno de Oficio ante los reiterados retrasos o impagos -por varias comunidades autónomas- de los servicios realizados; los intentos de recortar, en plena crisis, los derechos de los ciudadanos más desfavorecidos y de rebajar las ya de por sí indignas retribuciones de los letrados.
Los problemas de atasco de los tribunales, las posibilidades de flexibilizar los procesos y la revisión de la paralización de la actividad de los tribunales durante el mes de agosto han sido otras de las cuestiones que han abordado en la reunión.
Ley de Acceso
Uno de los problemas que más preocupan a un amplio sector de la Abogacía, sobre todo tras las declaraciones del ministro en la Comisión de Justicia del Congreso recogidas por EXPANSIÓN, es la posible reforma de Ley de Acceso a la profesión. Sobre este tema Carnicer ha informado al ministro de Justicia de los trabajos que están desarrollando las Universidades y Colegios de Abogados para tener a punto la nueva formación, que tiene que elevar considerablemente el nivel de Derecho de Defensa prestado a los ciudadanos.
El presidente de la Abogacía también se ha interesado por buscar soluciones dialogadas al problema generado en la Disposición Transitoria de la Ley de Acceso que afecta a los estudiantes de los últimos cursos de Derecho y a las dobles licenciaturas. El ministro ha escuchado a Carnicer y le ha comunicado que “Educación y Justicia están trabajando sobre el tema”.
Fuentes consultadas por este diario añaden que el ministro se ha comprometido a ofrecer una solución detallada sobre este punto el próximo 23 de febrero en la reunión a la que asistirá en la sede del CGAE junto al pleno de los 83 consejeros que son decanos de colegios de abogados y los que consejeros sin cargo.
Gallardón en la Cope
El ministro en la entrevista esta mañana en la cadena Cope, también aludió al tema de la Ley de Acceso, ante la pregunta de Sáenz de Buruaga «sobre el problema que tienen los alumnos de 5º que han empezado en el plan anterior».
Ruiz-Gallardón ha manifestado que «hay una realidad de la que tenemos que ser conscientes y estamos Educación y Justicia trabajando conjuntamente sobre este tema. Tenemos una directiva marco europea que tenemos que aplicar, pero tenemos un problema de Derecho transitorio que afecta fundamentalmente a aquellos que estaban estudiando dos titulaciones y aquellos que iniciaron sus estudios antes de la entrada en vigor de la Ley».
El ministro de Justicia añadió que «vamos a estudiar la mejor forma de resolver ese problema transitorio, pero tenemos que ser conscientes de que esa exigencia no fue un capricho del legislador español, sino una exigencia de la UE.
Fuente: Expansión