El ministro Alberto Ruiz Gallardón ha anunciado en el Congreso que creará un nuevo modelo de tasa para las partes si se recurre en segunda instancia en los tribunales. También se aprobará un nuevo código mercantil y se creará una agencia para adaptar los sistemas tecnológicos.
Gallardón ha manifestado en relación al anuncio de un nuevo modelo de tasa para recurrir en segunda instancia que si los ciudadanos no confían en la respuesta que ofrece el Poder Judicial y quieren que otro tribunal revise el caso, tendrán que pagar una cuota.
Estos costes no serán asumidos por las personas que carezcan de recursos suficientes, a los que se obligará la acreditación de falta de recursos y será revisada cada vez que se recurra a una instancia judicial superior. También estarán exentos de este nuevo modelo de tasas los asuntos penales.
Hasta ahora se pagaban unas pequeñas tasas denominadas «tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional» que en primera instancia corre a cargo del demandante y en segunda instancia paga el recurrente, y que no se recuperan (en segunda instancia). Hay una cantidad fija de 300 euros y un variable con un máximo de 6.000. En la actualidad están exentos de pagar las tasas personas fisicas (siempre) y las personas jurídicas con una facturación inferior a 8 millones de euros, según explica un abogado procesalista a EXPANSIÓN.
El ministro no ha adelantado las cuantías, ni siquiera aproximadas, pero ha advertido que las tasas abonadas se reintegrará si el recurso prospera.
En su segunda intervención tras el turno de réplicas, Gallardón ha añadido respecto a este tema que «hay unas tasas que ya existen y están vigentes, como un depósito previo para interposición de recursos que desde 2009 (Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre) ya instaba un coste por concurrir». El ministro explicó que «en el año 2010 se ha recaudado ya 172 millones de euros por el sistema de tasas dentro del presupuesto de la Administración de Justicia. Sólo estamos revisando y avanzando en unos criterios que ya introdujo el legislador». Gallardón argumentó que «quien acude a un servicio público debe contribuir a mejorar ese servicio».
Nuevo código mercantil
Por otra parte Gallardon ha anunciado en el Congreso un nuevo código mercantil, que constribuya a que nuestra economía tenga una competencia real. «No solo integrará en un único cuerpo legal la dispersa legislación mercantil existente, sino que, además, la completará y modernizará adaptándola a las exigencias de la nueva realidad económica», ha manifestado. Esto favorecerá, ha añadido el ministro «a que exista una libre circulación de bienes y habrá más seguridad jurídica». Gallardón ha añadido que esto se tramitará junto con otros ministerios, sobre todo los de índole más económica.
El titular de Justicia ha adelantado que se va a crear una nueva agencia que se encargue de la coordinación de los sistemas informáticos y de comunicación de las distintas administraciones para que todos los datos y registros sean compatibles y estén conectados en red. Un sistema que «articule un sistema importante para adaptar los sistemas tecnológicos actuales y donde estarán presentes el CGPJ y las comunidades autónomas que tengan derivadas las competencias», explicó.
Juicios rápidos en Civil
Otra medida importante que ha anunciado Ruiz-Gallardón es la implantación de los juicios rápidos en el ámbito civil, que «tan buenos resultados han dado en el ámbito penal». También ha expresado que «se va a introducir la doble instancia penal y se reformará el recurso de casación».
El ministro, que ha estado casi hora y media de comparecencia antes del turno de réplica, también ha explicado otras actuaciones que su departamento llevará a cabo en esta legislatura como una nueva ley de demarcación y planta judicial, una ley de Jurisdicción voluntaria o la ley de Mediación, ya adelantada incluso por el propio Rajoy en su investidura.
También se aprobará una ley de Enjuiciamiento Criminal, de la que Gallardón ha subrayado «la necesidad de someter a plazo el secreto de sumario y reformar el actual texto para lograr un adecuado control de intervenciones telefónicas así como la necesidad de incidir en el papel que debe cumplir una policía judicial moderna al servicio de jueces y fiscales».
Ruiz-Gallardón ha explicado que la Justicia se enfrenta en España a tres problemas básicos: » 1. Exceso de litigiosidad, 2. Carencia de gestión y 3. Agotamiento del modelo, y habrá que trabajar para solucionarlo». Para reducir la litigiosidad, «aunque no es la única solución, intentaremos dotar más jueces por habitante -siempre dependiendo del presupuesto, ha manifestado.»
Renovación de CGPJ
El titular de Justicia ha ratificado lo que ya adelantó ayer la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría en su comparecencia, que «doce de los veinte miembros del CGPJ serán elegidos por los jueces» y añadió que «los ocho miembros que elige el Parlamento no pueden ser parte de un sistema de cuotas».
A este respecto el exalcalde de Madrid incidió en que «tenemos que acabar con el actual sistema de elección de miembros del CGPJ, y acabar con la percepción de influencia política que tienen los ciudadanos». También reiteró lo que ya ha venido diciendo en otras ocasiones, que «el ministerio Fiscal debe tener la independencia que le otorga la Constitución».
Cadena perpetua y aborto
Casi al final de su intervención Gallardón aludió a dos temas polémicos y que tienen más repercusión social. Ha manifestado que se aprobará una pena de prisión permanente revisable, una ley del menor y que desde el Ministerio de Justicia se va a proceder a reformar la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que aprobó el Gobierno de Rodríguez Zapatero. «Se exigirá el consentimiento paterno en relación a las menores y se defenderá el derecho a la vida en los términos ya definidos en la doctrina del Tribunal Constitucional», explicó.
El ministro ha trazado hoy en su plan de ruta de la legislatura en materia de Justicia la mayoría de las medidas plasmadas en su programa electoral. Una de las medidas que no ha sido comentada ha sido la reforma de la Ley del Jurado, que el programa del PP explicaba que «impulsaría la confianza de los ciudadanos y los profesionales en la eficacia de una justicia moderna».
Fuente: Expansión