El PP ha presentado esta mañana en el Congreso una enmienda transaccional, apoyado por todos los grupos parlamentarios, donde exime a todos los licenciados en Derecho, independientemente de cuando empezaran o acaben sus estudios, de realizar ningún tipo de acceso a la abogacía según establecía la Ley 34/2006.
Vuelta de tuerca a última hora en los cambios en la Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. EXPANSIÓN este martes una noticia con las 17 enmiendas presentadas por los seis grupos parlamentarios, incluido el PP, donde La Izquierda Plural y UPyD volvían a perdir que se eximiera a todos los licenciados en Derecho del acceso a la Abogacía. El PP no incluía ninguna petición en esta dirección. Todas las enmiendas se debatían este jueves en la Comisión de Justicia. Miles de estudiantes de la Licenciatura de Derecho habían perdido ya todas las esperanzas.
Sin embargo, la sorpresa ha llegado a mediodía del martes cuando el Grupo Popular ha aprovechado la ponencia del Congreso encargada de estudiar el proyecto de ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles (donde se incluían los cambios en la Ley de Acceso a la Abogacía) para introducir una enmienda transaccional que excluye a los licenciados en Derecho de todo el proceso de acceso a la abogacía (máster, prácticas y exmamen). Podrán colegiarse sin problema en el plazo de dos años.
En la reunión de la ponencia, la vicepresidenta tercera del Congreso y miembro del grupo Popular, Dolors Montserrat, cuando se discutía a puerta cerrada los puntos para llevarlos el jueves a la Comisión y se estaba a punto de finalizar, ha presentado una enmienda transaccional -que se pacta con varios grupos- para eximir completamente a todos los licenciados en Derecho, tal como el Grupo Popular había solicitado en una propuesta no de ley presentada en el Congreso de los Diputados el 10 de febrero.
El propio presidente de la Comisión de Justicia, Alfredo Prada (de las filas populares) manifestaba en su cuenta personal de Twitter: «Todos los Licenciados en Derecho, «sin excepción», quedan exentos de la aplicación de la Ley de acceso 34/2006. Promesa cumplida»
Dolors Montserrat ha explicado a EXPANSIÓN que «hemos propuesto desde el PP un diálogo abierto con el resto de los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo en este sentido y acabar con un problema iniciado en 2006 con una Ley que no tuvo en cuenta la opinión de los afectados. El PP ha logrado un consenso de todos los grupos».
Montserrat ha añadido en declaraciones a este diario que «con la crisis económica, el paro juvenil entre el 45% y el 50% y con las universidades y colegios sin la capacidad suficiente en estos momentos para la realización de los máster y gestión de las prácticas -como nos habían manifestado-, pensábamos tanto desde el grupo Popular como desde el Ministerio de Justicia, que había que introducir este importante cambio».
La nueva enmienda transaccional especifica: “Los títulos profesionales que se regulan en esta ley no serán exigibles a quienes obtengan un título de licenciado en Derecho con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, siempre que en el plazo máximo de dos años, a contar desde el momento en que se encuentren en condiciones de solicitar la expedición del título oficial de licenciado en Derecho, procedan a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes”.
La vicepresidenta tercera del Congreso ha asegurado que «el acuerdo ya es definitivo y sólo falta la votación oficial el jueves en la Comisión de Justicia para enviar el texto definitivo al Senado». Montserrat añadió que «el resto de enmiendas presentadas sobre este tema, excepto alguna que corrige algún error de redacción o interpretación, ya no se votarán el jueves, al no tener ya sentido».
Reacciones a la noticia
Las reacciones no se han hecho esperar. La presidenta de Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular y una de las grandes impulsoras de este cambio, Beatriz Jurado, ha manifestado que «se hace justicia con miles de licenciados en Derecho». NNGG se comprometió a «resolver una problemática que afecta a multitud de jóvenes estudiantes y que urge solucionar, y así devolver la igualdad entre los estudiantes de Derecho”, ha explicado.
Por su parte el presidente de la Asociación de afectados por la Ley de Acceso a la Abogacía y Procuraduría (Analap), José Beceiro, mostró a este diario su satisfacción por la enmienda transaccional presentada. «Estamos muy contentos porque ha sido siempre nuestro obejtivo único e irrenunciable», afirmó.
El portavoz de los estudiantes afectados manifestó que «estaba claro que el RD no solucionaba el problema sino que lo agravaba, y aunque muchos lo dieron todo por perdido, nosotros hemos seguido trabajando para convencer a todos los grupos de que era necesario eximir a los licenciados del acceso a la profesión».
En el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), sin embargo, la noticia no se ha recibido de igual forma. Un portavoz del CGAE ha explicado a EXPANSIÓN que este cambio «no parece serio sino más bien el resultado de una improvisación», y recomienda a los titulados en Derecho hacer el máster o formarse por su cuenta aunque no tengan que hacer de forma obligatoria el acceso que marca la Ley 34/2006″.
Además el portavoz del CGAE ha basado la postura de la Abogacía española en cinco puntos:
1. Todos estábamos de acuerdo (políticos, abogados, Consejo, universidades,…) con que sólo con la licenciatura no se tenían los conocimientos adecuados para ejercer como abogado; 2. Durante las últimas décadas la Abogacía ha hecho todo lo posible por mejorar la formación de los nuevos abogados, mediante las Escuelas de Práctica Jurídica; 3. La formación práctica y en habilidades del máster creemos que es imprescindible para la adecuada defensa del derecho de los ciudadanos; 4. Si ahora el legislador estima que no es necesario este máster, es su responsabilidad; 5. La Abogacía seguirá concentrando todos sus esfuerzos en la mejor formación del ejercicio profesional de los abogados.
Fuente: Expansión