Los presidentes de los letrados y los procuradores españoles y los colegios de abogados rechazan los puntos más polémicos del borrador del anteproyecto de esta norma que elabora Economía.

A los abogados y a los procuradores no les ha hecho ninguna gracia el borrador del anteproyecto de la Ley de Servicios Profesionales que se ha filtrado. Es más, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, que representa a más de 125.000 letrados colegiados en España, ha señalado a EXPANSIÓN que “lo mejor que podría pasarle a esta ley es que no saliera adelante, porque tiene más aspectos negativos que positivos”.

Desde que se conoció el primer texto de la norma que está elaborando el Ministerio de Economía, dos de las profesiones más afectadas han clamado contra su contenido en foros y redes sociales, y se están reuniendo para evaluar el alcance de las medidas en el caso de que se concreten. El CGAE, por ejemplo, realiza este jueves un pleno monográfico con los 83 decanos de los colegios de abogados de España para tratar este tema. Cuatro de ellos, dos que podrían desaparecer de aprobarse la ley como Reus y Cartagena –ya que el borrador apunta a un solo colegio por autonomía o provincia– y los de Madrid y Barcelona –que ganarían peso en el seno del CGAE–, han explicado su postura a EXPANSIÓN.

Todos los decanos ven con preocupación que el texto final pueda permitir que sólo los letrados que ejercen ante los tribunales tengan que colegiarse. Para Pere Lluis Huguet, decano del Colegio de Abogados de Reus, sería un error. “La colegiación es obligatoria por la concurrencia de valores superiores que merecen protección, en nuestro caso los derechos fundamentales, y pueden vulnerarse dentro y fuera del ejercicio ante los tribunales, por ello resulta absurda la diferenciación”.

En este sentido, Carnicer apunta que es incomprensible esta separación, ya que “cada vez hace más falta abogados que aunque no actúen ante los tribunales defienden los derechos de los ciudadanos, como en temas de extranjería”.

Respecto a otro tema polémico, la reducción de colegios, José Muelas, decano del Colegio de Abogados Cartagena, no cree que al final la propuesta del Gobierno sea reducirlos a 17 o a 52. “Aportando éstos gratuitamente sus infraestructuras, recursos humanos y externalidades al Estado, sería absolutamente irracional prescindir de ningún colegio y habría una oposición popular abrumadora”, explica.

En este punto, Pedro Yúfera, decano del Colegio de Abogados de Barcelona, cree que “si un colegio, por tener una estructura muy pequeña no puede desarrollar sus funciones autónomamente, tal vez deba replantearse su futuro o buscar la manera de hacerlo sin que ello signifique obligar a otros colegios a proporcionarles estructuras básicas de funcionamiento”. En otro aspecto significativo del borrador, en el voto ponderado de los colegios en los consejos –también para elegir presidente–, Yúfera opina que “este funcionamiento sería el más democrático y el más justo”.

En cuanto a la posible anulación de la incompatibilidad entre el ejercicio de la Abogacía y la Procura, Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores, afirma que “ésta existe desde siempre y, su desaparición, sería un gravísimo error. Hay muchas cuestiones que demuestran las ventajas de mantener la incompatibilidad”.

Examen de acceso
En cuanto a la probable eliminación del examen de acceso a la abogacía, todos son tajantes. “Es totalmente incongruente, después de la larga y tortuosa tramitación de la ley”, afirma Estévez. “Me parece un disparate”, subraya Carnicer. “Este cambio me genera inquietud sobre la consistencia de los principios que inspiraron la normativa”, afirma Sonia Gumpert, nueva decana del Colegio de Abogados de Madrid. “No podemos legislar a base de reformas y contrarreformas sin ningún sentido, la ley de acceso fue el resultado de un consenso”, concluye Huguet.

Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía: “Lo mejor que le podría pasar a esta ley es que no saliera adelante; es más negativa que positiva”

Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores: «“La incompatibilidad entre procuradores y letrados ha existido siempre y cambiarlo sería un grave error”

Sonia Gumpert, decana del Colegio de Abogados de Madrid: “Anular el examen de acceso me genera inquietud por los principios que inspiraron la normativa”

Pedro Yúfera, decano del Colegio de Abogados de Barcelona: “El sistema de voto ponderado de los colegios en los consejos sería más democrático y justo”

Pere Lluís Huguet, decano del Colegio de Abogados de Reus: “Es absurda la diferenciación para colegiarse entre letrados que actúen o no ante tribunales”

José Muelas, decano del Colegio de Abogados de Cartagena: «“Aportando cada colegio sus recursos, sería absolutamente irracional prescindir de ninguno de ellos”.

Fuente: Expansión