Los ministerios de Justicia y Educación están trabajado para “tratar de buscar una solución a un problema de Derecho transitorio que afecta a los alumnos que estaban estudiando dos titulaciones y aquellos que iniciaron sus estudios antes de la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Abogacía”. Lo confirmaba el ministro Alberto Ruiz-Gallardón una semana después de destapar la “caja de los truenos” en su comparecencia en el Congreso.

Sin embargo, el anuncio del ministro no ha gustado a una parte de los decanos de las Facultades de Derecho. Según ha podido confirmar este diario, la presidenta de la Conferencia de Decanos, Mariola Urrea -al frente de Derecho en la Universidad de la Rioja- se puso en contacto con la jefa de Gabinete del ministro de Justicia solicitándole las oportunas aclaraciones, instándole a consensuar estas decisiones y postulándose en contra de la decisión avanzada por Ruiz-Gallardón. Urrea también advirtió a los decanos las consecuencias nefastas para las facultades si este cambio se produce.

Sin embargo, el problema es que muchos decanos de Derecho no comparten la posición de la presidenta y de otros compañeros, y están molestos de que Urrea haya contactado con el Ministerio con una postura oficial de la Conferencia sin antes consultarles. EXPANSIÓN ha constatado que hay una división clara entre los decanos.

Enric Bartlett, decano de la Facultad de Derecho de Esade está a favor del cambio propuesto por Ruiz-Gallardón, e incluso planteó lo mismo hace un año en la Conferencia de Decanos, pero no se llegó un acuerdo. “Propuse que los licenciados que acabaran en 2012 y 2013 no tuvieran que pasar por los requisitos de la Ley de Acceso porque había un desajuste temporal que no se había previsto”.

Por su parte José María de Areilza, decano del IE Law School, también cree que “tiene sentido atender la situación de los licenciados, un tema de Derecho transitorio. Hay que conectar Bolonia con el máster de Acceso”.

También Luis Velasco, decano de la Universidad de Valladolid se ha mostrado a favor del cambio y en desacuerdo con las gestiones realizadas por la presidenta de la Conferencia de Decanos, según ha sabido este diario.

Desde la Facultad de Derecho de Icade, tanto su decano Íñigo Navarro como su antecesora en al cargo, Concepción Molina, “ven positivo el cambio, aunque matizan que de ser así, no lanzarán este año el máster sino en 2013”.

Otros decanos como Pablo Sánchez-Ostiz, de la Universidad de Navarra y algunos que han preferido no salir citados se muestran en contra de la medida anunciada por el ministro y aseguran que el ambiente entre los decanos es malo. Para Sánchez-Ostiz, “el Ministerio desconcierta y desorienta con esta medida. No se necesita una ampliación para que los licenciados no tengan que hacer el máster, porque el acceso es para mejorar la profesión y estamos en condiciones de empezar en septiembre de 2012”.

Por su parte, los bufetes de abogados sí que ven con buenos ojos el cambio. “Para nosotros la medida propuesta es positiva porque evitaremos la posibilidad de no tener abogados entre 2012 y 2014”, coincidían en afirmar Juan San Andrés y José Luis Risco, directores de RRHH de Gómez-Acebo & Pombo y Ernst & Young Abogados.

Y los estudiantes, representados por José Beceiro, presidente de la Asociación de afectados por la Ley de Acceso (Analap), “están a favor, pero piden que se aplique a todos los licenciados”.

Los procuradores, no consultados previamente
Los procuradores no están ni a favor ni en contra de la medida, pero lamentan no ser consultados para decisiones así, siendo una de las partes implicadas.

“Si se ha contado con todos para elaborar la Ley y el Reglamento, lo lógico es hacerlo también ahora”, explica Francisco Cerrillo, presidente de la Comisión de Formación del Consejo de Procuradores, quien confia en que su presidente, Juan Carlos Estévez, se reunirá pronto con el ministro.

Antonio Álvarez-Buylla, decano de los procuradores de Madrid, reconoce que la medida reducirá el número de alumnos en los máster para el acceso a la procura el primer año, pero asegura que el acuerdo firmado con la Universidad Rey Juan Carlos, la única pública que lo ofrece en la capital, sigue adelante.

El problema es que los máster, para ser viables con precios públicos, necesitan al menos entre 15 y 20 alumnos y la mayoría de colegios de procuradores de España no alcanza una colegiación anual tan alta.

Fuente: Expasión