Novagalicia Banco no recurrirá la sentencia de un juzgado de Cambados (Pontevedra) que le obliga a devolver a un cliente de la entidad el dinero depositado para adquirir participaciones preferentes.

Así lo ha anunciado hoy en una entrevista con la SER el presidente de la entidad, José María Castellano, que ha destacado en que la solución para los casos de mala comercialización de esos productos está próxima.

El juzgado número 1 de Cambados (Pontevedra) dictó la pasada semana la primera sentencia favorable a un cliente que adquirió participaciones preferentes de Novagalicia Banco, en este caso de Caixanova, una de las cajas cuya fusión dio lugar a la entidad presidida por José María Castellano, a la que condena a devolver al demandante 7.560 euros y le impone las costas procesales.

El argumento principal de la sentencia para declarar nulo el contrato «por error del consentimiento» es que la entidad aportó al cliente una información «inadecuada, falsa e insuficiente» en el momento de adquirir un producto cuyo «alto riesgo» y falta de liquidez no le fueron comunicados.

Castellano ha asegurado que en caso de que se produzcan nuevas sentencias condenatorias, la entidad las «acatará», y ha asegurado que lo que Novagalicia Banco quiere hacer en estos casos es «pagar».

El presidente de la entidad gallega ha admitido que cuando el nuevo equipo directivo tomó posesión se encontró con dos problemas prioritarios, las indemnizaciones millonarias de las que se beneficiaron algunos de los antiguos gestores, y la comercialización de participaciones preferentes a miles de pequeños ahorrados.

Castellano ha recalcado que, en ambos casos, el ánimo de la entidad es «resolver» estos problemas.

Ha reconocido que ambas cuestiones afectan a la «reputación» de la entidad, y ha asegurado que la entidad dispone de la liquidez necesaria para afrontar el reintegro de las preferentes.

No obstante, ha recordado que Novagalicia Banco está controlado en más de un 90 por ciento por fondos del Estado y que cualquier solución debe contar con el visto bueno de las autoridades comunitarias.

También ha recordado que la consultora Price Waterhouse Cooper está realizando un estudio para precisar el número de clientes a los que se les vendieron de forma irregular participaciones preferentes, y ha asegurado que este colectivo podrán recuperar «pronto» su dinero, aunque ha subrayado que «no todos fueron engañados».

Por lo que respecta a las indemnizaciones millonarias, Castellano ha señalado que la entidad «no pudo hacer nada» puesto que eran contratos «legales», aunque las ha puesto en duda desde el punto de vista «ético».

En este caso, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra cinco antiguos directivos de Caixa Galicia y Caixanova por mejorar presuntamente sus contratos sin comunicarlo explícitamente al Consejo de Administración.

Los querellados son Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza, Óscar Rodríguez Estrada y Francisco Javier García de Paredes Moro.

Anticorrupción consideraba que las mejoras de sus contratos de alta dirección podrían ser constitutivos de un delito de administración desleal, que se recoge en el artículo 295 del Código Penal, o, alternativamente, de un delito de apropiación indebida, recogido en el artículo 252.

Según se explica en la querella, la cantidad mínima que se pide a los exdirectivos, al haberla cobrado indebidamente, son 7,87 millones de euros aportados por el Estado, ya que es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) «el que sostiene económicamente desde 2010 a la entidad crediticia», primero a NovaCaixaGalicia y después a NCG Banco.

Estos altos directivos cobraron entre todos -a excepción de Fernández Gayoso, que no se detalla- 18,9 millones de euros, de los que deberían devolver los citados 7,87 millones.

Fuente: Expansión