La expedición Amuley -cuyo nombre hace honor al de un arbusto canario- emprendió a inicios de mayo la misión de ampliar 150 millas el territorio soberano de España bajo el mar. Los investigadores constatan la ampliación de las fronteras submarinas que rodean Canarias. Su hallazgo vuelve a poner en la picota la Ley de Aguas, aprobada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, merced a lograr el apoyo de CC en los Presupuestos del Estado

HARIDIAN MEDEROS Una investigación científica revela que España podría extender sus derechos soberanos sobre los fondos y el subsuelo marino al oeste de Canarias en más de 280.000 kilómetros cuadrados. La zona económica exclusiva, que se extiende desde el límite exterior del mar territorial español hasta una distancia de 200 millas náuticas, pasaría a engrosar 350 millas. Coalición Canaria (CC) reivindica competencias en el mar territorial y los recursos naturales de este área. Sin embargo, PP y PSOE opinan lo contrario y enfatizan que las aguas son de titularidad nacional. Así pues, se reabre el debate sobre la Ley de Aguas Canarias, aprobada a finales de 2010 en el Congreso de los Diputados por PSOE y CC y en vigor desde marzo de 2011.

La expedición Amuley está integrada por científicos del Instituto Geológico y Minero de España, del Instituto Español de Oceanografía, del CSIC y del Instituto Hidrográfico de la Marina de la Armada española. El buque de investigación oceanográfica Hespérides ha indagado en la ampliación de la plataforma continental española. Para ello se exploraron más de 140.000 kilómetros al Oeste del Archipiélago, un espacio que supone más de 18 veces su extensión terrestre.

El Ministerio de Defensa reconoce que las conclusiones iniciales obtenidas han superado las expectativas iniciales y añade que los derechos soberanos sobre este territorio marino incluyen derechos de exploración y explotación de sus recursos energéticos, tales como petróleo, gas convencional y gas hidratado, así como de recursos minerales como nódulos ferromanganesíferos, costras polimetálicas y sulfuros masivos, todos ellos ricos en metales.

España también ejercería su soberanía para la preservación y regulación de los fondos marinos profundos canarios más allá de las 200 millas náuticas en previsión de posibles vertidos contaminantes en tales áreas, según precisa el comunicado del ente ministerial.
Los datos científicos que resulten de la investigación formarán parte de la documentación que el Ministerio de Asuntos Exteriores presentará, antes de mayo de 2014, ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU, para que sea reconocida la soberanía de la plataforma extendida de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, más conocida como «Ley del Mar».

El jefe científico de la expedición, el geólogo marino y asesor técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Luis Somoza, explica que se han explorado fondos profundos, entre los 4.000 y los 5.300 metros, con técnicas de cartografía submarina. Gracias a estas mediciones se han identificado numerosas estructuras geológicas sobre los fondos marinos canarios y que no habían sido exploradas antes.

El avance científico ha sido valorado por las fuerzas políticas de las Islas, puesto que se abre todo un mundo de posibilidades de exploración de recursos. CC aprobó en su V Congreso Nacional la ponencia ideológica en la que hace hincapié en sus reivindicaciones en materia competencial, máximas cotas de autogobierno en cuanto a su territorio (terrestre y marítimo), y en la gestión de sus recursos naturales. Los nacionalistas exigen un estatuto especial para las Islas, que incluyan nuevas competencias en el mar territorial y los recursos naturales procedentes de la zona económica exclusiva.

El comisionado del Gobierno de Canarias para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, destacó que la ampliación del área económica de España y, «por ende», también de Canarias, permitirá «aprovechar los recursos naturales que haya» y que podrían resultar beneficiosos para el tratamiento de determinadas patologías, además de que se podrán «explotar posibles yacimientos mineros o hidrocarburos si los hubiera». «Hasta ahora no se ha podido porque hay muchas profundidades, pero la tecnología cada vez va a permitir explotarlos y se avanza para sacar principios activos de algas y nuevas especies que pueden tener utilidad para la ciencia y medicina», apostilló.

Ríos añadió que la Ley de Aguas, que delimita el espacio marítimo del Archipiélago, reconoce que «Canarias lo conforman espacios marítimo y terrestres». «En la medida en que tengamos competencias en tierra también las vamos a poder tener en el mar», aseguró el comisionado, que indicó que la próxima reunión en las Islas entre el presidente canario y el presidente Rajoy, permitirá «retomar las negociaciones» sobre esta normativa.

Por el contrario, el diputado del Grupo Popular en el Parlamento regional Miguel Cabrera Pérez-Camacho, rebate que el mar territorial y la zona económica es «competencia exclusiva del Estado y Canarias no tiene nada que decir». De ahí que apuntó que en caso de que se puedan explotar recursos de la nueva área, la región «debe pactar con el Estado para que Canarias se lleve una participación vía tributaria».
«Todas las participaciones en futuros recursos se pueden negociar con el Estado, pero partiendo de lo que el Estado quiera», puntualizó el conservador, que restó valor a la normativa aprobada en 2010 gracias al acuerdo alcanzado entre el PSOE y CC mediante varias enmiendas transaccionales a la proposición inicial de los nacionalistas, en el marco de los acuerdos de los Presupuestos del Estado.

Esta ley «fue una tomadura de pelo» del entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, al jefe del Ejecutivo regional, Paulino Rivero, consideró Cabrera, que descarta futuras negociaciones entre populares y nacionalistas al respecto.

A juicio de Arcadio Díaz Tejera, los resultados preliminares de la expedición Amuley conllevarían la «extensión de la responsabilidad» del Gobierno central a efectos de supervisión, vigilancia y cuidados de lo que acontece en la zona, pero «no afectaría» a la Ley de Aguas, que tiene que ver con el «perímetro interno» de las Islas. Por tanto, en contra de la visión nacionalista, para PP y PSOE esto no supone «ninguna competencia» para Canarias.

Fuente: La Provincia