El plan para saldar la deuda con los proveedores ayudará a muchas empresas a salir adelante. Pero hay letra pequeña. El borrador que el Gobierno ha enviado a las autonomías deja entrever que los acreedores tendrán que hacer algunas renuncias.

La nueva macrooperación para saldar las deudas con el sector privado establecerá algunas obligaciones para los proveedores. La propuesta que el Gobierno ha hecho llegar a las comunidades autónomas en la reunión que mantuvieron ayer establece que los acreedores que se beneficien de los préstamos para cobrar las facturas tendrán que firmar un documento en el que renunciarán a cobrar los intereses, las costas judiciales y otros gastos accesorios generados por culpa de los impagos de las administraciones.

Según el documento que ha enviado el Ejecutivo a las autonomías, «el abono a favor del proveedor conlleva la extinción de la deuda contraída por la comunidad autónoma con el mismo por el principal, los intereses, costas judiciales y cualesquiera otras gastos accesorios. Asimismo señala que «las entidades de crédito facilitarán a las comunidades autónomas y a los proveedores documento justificativo del abono, que determinará la terminación del proceso judicial, si lo hubiere, por satisfacción extraprocesal».

Las autonomías también pueden negarse a participar en la macrooperación para liquidar las facturas pendientes de pago, algo que no ocurre en el caso de los consistorios. Según el proyecto, «el acceso a este mecanismo extraordinario de financiación está sujeto a la condicionalidad fiscal, por lo que la comunidad autónoma que desee acceder al mecanismo previsto (..) ha de contar con un informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas». Es decir, los proveedores de las regiones sólo cobrarán si no se niegan las comunidades a aceptar los recortes que les imponga el Estado. Los expertos, no obstante, creen que las comunidades no se atreverán a rechazar el nuevo mecanismo de pago aunque Hacienda les imponga una dura dieta presupuestaria.

De hecho, el Gobierno ya ha fijado un calendario de ajustes muy concreto a las comunidades autónomas. Antes del 1 de abril tendrán que remitir al Ministerio el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que la comunidad se adhiere al mecanismo de financiación. Antes del 15 de abril tendrán que remitir al Ministerio una relación de obligaciones con proveedores certificada por el interventor general. Además, para acceder a la macrooperación las comunidades tendrán que remitir un plan de ajuste al Ejecutivo antes del 30 de abril, que tendrá que explicar las reformas estructurales que se aplicarán durante todo el periodo en el que estén vigentes los préstamos. El Ministerio contará con 15 días hábiles para evaluarlo.

Otra novedad es que no sólo se beneficiarán de los cobros las facturas incluidas en la Ley de Contratos Públicos, como en el caso de los ayuntamientos. El plan para pagar a los proveedores también cubrirá los conciertos sanitarios, educativos y de servicios sociales. Se excluirán del plan las obligaciones contraídas con otras administraciones.

Fuente: Expansión