El presidente de la Abogacía Española se muestra muy crítico con las nuevas tasas judiciales, el proyecto de servicios profesionales o las últimas reformas del Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial

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El presidente de la Abogacía Española se muestra muy crítico con las nuevas tasas judiciales, el proyecto de servicios profesionales o las últimas reformas del Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial

El máximo dirigente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y de Unión Profesional criticó algunas de las decisiones que desde el Gobierno se han adoptado en el último año y medio. “La ley de tasas se está cargando la clase media española y, además, aleja a los jueces de la realidad social”, afirmó el presidente de los abogados, que adelantó que va a proponer al Tribunal Constitucional que agilice el fallo de los recursos sobre este tema porque “están dificultando el acceso de los ciudadanos a la justicia”. El presidente de la Abogacía explicó que si lo que perseguía el Ministerio con la ley de tasas era acabar con el uso abusivo de la justicia, “existen otras vías que podrían obtener los mismos fines con diferentes medios, como la posibilidad de que, después de un procedimiento, se celebre una vistilla para comprobar si ha habido abuso”. La cuestión de las tasas judiciales ha sido el tema que mayor y más duros enfrentamientos ha provocado entre el colectivo de los abogados y el Ministerio de Justicia. Ruiz-Gallardón “se ha equivocado muchas veces, por ejemplo, legislando a base de reales decretos y limitando al Parlamento su imprescindible valor”. A pesar de esta relación tensa, se podría abrir ahora una nueva vía de negociación. Según explicó Carnicer en un encuentro con periodistas organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) y la editorial La Ley, se ha abierto recientemente de nuevo el diálogo con Ruiz-Gallardón y su equipo ministerial, con quienes han mantenido en el último mes dos reuniones al más alto nivel. En este sentido, el presidente del CGAE reconoció que aunque los encuentros han sido tensos, después de los encontronazos del pasado, “ya se está trabajando en un marco de colaboración, y se dará un margen de confianza”. De hecho, ha explicado que el Ministerio va a crear una comisión para evaluar el efecto de las reformas y en ella quiere contar con la Abogacía. Por otra parte, según confirmó el abogado, frente al acercamiento que se está produciendo ahora con Justicia, con el ministro de Economía Luis de Guindos, la situación es más tensa: “Antes de verano teníamos prevista una reunión y nos dio calabazas. Si no nos recibe la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, pediremos hablar con Rajoy”. Graves perjuicios Según estimaciones de Unión Profesional, el impacto de la libre colegiación que se plantea en el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales costará 3.317 millones de euros al PIB. Carnicer afirmó que esta norma “puede reportar unos perjuicios importantes a la ciudadanía”, según las conclusiones de un estudio de la consultora Roland Berger. En cuanto a la nueva reforma del Código Penal, el presidente del CGAE la valoró negativamente y, en concreto, la instauración de la prisión permanente revisable, a la que calificó de inoportuna. “No se puede legislar por clamor social”, sentenció. Carnicer se mostró crítico con la supresión de los jueces sustitutos en la actualidad. “No se debería haber hecho mientras no se convoquen las nuevas plazas suficientes para cubrir las necesidades actuales. No tiene sentido”, protesta. Por último, el presidente del CGAE lamentó que se escuche tan poco a la Abogacía en reformas importantes, como la del Poder Judicial, y reivindicó una mayor presencia de la Abogacía en la justicia.

Fuente: Expansión

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